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81 años

Hoy hace 81 años desde que la bandera tricolor ondeaba en toda España anunciando un nuevo tiempo; el mejor hasta ese momento: un periodo democrático de libertades y derechos. Un sistema que convirtió a los españoles en verdaderos ciudadanos y que hizo de la libertad y la educación sus pilares básicos y fundamentales. Son muchos los  personajes anónimos condenados al olvido y la muerte  que lucharon porque en España nos alejásemos del palio, el púlpito y el aborregamiento para poder pensar y ser libres. Su memoria debemos defender y combatir a quienes todavía hoy pretenden escribir la historia a su manera. Muchas luces y alguna sombra, como en todo.

La II República instauró un verdadero régimen democrático con garantías constitucionales, el sufragio universal, un estado laico, estatutos de autonomía, defensa del trabajador y derechos laborales, se pretendió que el poder civil estuviese por encima de cualquier otro… Se pusieron las primeras piedras para conseguir lo que más tarde sería el Estado social y democrático de derecho.

El Estado está en deuda con quienes fueron asesinados por defender la democracia y la libertad. Pasan los años y los juicios sumarísimos siguen sin anularse, los fusilados en las cunetas, la verdad oculta… ¿Por qué no seguir el modelo reparador alemán en lo que a memoria histórica se refiere? ¿Por qué quienes se constituyen en el lobby de algunas víctimas no reconocen o pelean por estas? Todas las víctimas de cualquier tipo de barbarie merecen el respeto y reconocimiento propios de la calidad humana.

El único juez que ha intentado dignificar a las víctimas ha sido humillado y separado de su cargo. Ha sido depurado por una justicia que decidió dar voz al fascismo. La aberración jurídica que supuso el régimen de Franco no puede seguir avergonzando a este país. El PP y la Iglesia nos deben una condena rotunda al franquismo porque por el momento no les avergüenza oficiar una eucaristía con la bandera franquista u homenajear al señor Fraga.

Con más de treinta años de democracia, todavía no se ha explicado a la ciudadanía lo que hicieron los fascistas. En las escuelas se debería aprender que hubo un tiempo, al que no podemos volver, en que unos cuantos se hicieron dueños de la vida de las personas. En que acabaron con la dignidad de los que defendían la libertad y los humillaron hasta anularlos como personas, privándoles además de sus trabajos, sus bienes o su vida. No tenemos por qué perdonar; y mucho menos olvidar. Hasta que muchos dejen de pensar que hablar de ello es remover el pasado, queda mucho por hacer. Se ha avanzando algo en materia de memoria histórica, pero parece mentira que en siete años de gobiernos socialistas no se hayan dado pasos de gigante.

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Fallan ustedes, señorías

La Justicia española no pasa por uno de sus mejores momentos en lo que se refiere a la confianza que suscita entre la ciudadanía; y no es para menos. De hecho, es ella misma la que en estos días se pone en evidencia mientras varias organizaciones internacionales acuden a nuestro país a observar con espanto como un juez se sienta en el banquillo, por intentar dignificar a víctimas de delitos que atentan contra los Derechos Humanos, que nunca han sido juzgados. A esto cabe añadir varias polémicas sentencias, la sensación de que no todos somos iguales ante la Ley y famosos casos de corrupción política. El populismo y la demagogia de algunos no ayudan nada a solucionar esta situación.

Ahora llega el PP con su abrumadora mayoría absoluta a acometer importantes cambios en materia judicial. Fruto del electoralismo es, por ejemplo, su planteamiento sobre la eufemísticamente llamada “prisión permanente revisada” en el que parece un afán porque los presos pasen más años en la cárcel. Algunos sectores contaminados por la demagogia suscitada por determinados casos judiciales, y alimentados por los medios, aplaudirán esta propuesta, aunque el artículo 25.2 de la Constitución establece como fin de las penas privativas de libertad la “reeducación y reinserción”.

Lo verdaderamente escandaloso es que ahora este Gobierno enarbole la bandera de la independencia judicial, haciéndonos creer que se conseguirá con la reforma que permita que los jueces elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El actual planteamiento me parece adecuado ya que se adapta al principio constitucional que establece que de la soberanía nacional emanan todos los poderes del Estado. El problema se produce cuando los cálculos partidistas alteran este proceso.

Muchos magistrados acumulan meses de mandato prorrogado a espera de que el Congreso pueda renovarlos. Es una vergüenza que las renovaciones se produzcan cuando a la derecha de este país le convenga dada la composición del Parlamento ¿Por qué hace unos meses no era prioritario para el PP renovar el TC y ahora sí? Este es el auténtico problema. Parecen concebir la Justicia y sus órganos como un sistema de oposición a su servicio cuando les conviene. El deber de los partidos, en especial de los dos principales,  es renovar a los magistrados cuando toque, bajo la responsabilidad que presumimos que sus señorías tienen. No se trata de cambiar el sistema a conveniencia porque los que fallan son ustedes. Si la consideración a la Justicia es mala, maniobras como esta no ayudan más que a mostrar la lucha partidista.

A raíz de las medidas anunciadas por el ministro de Justicia -como las que incluyen copago-, muchos empezáis a sostener que vulneran aspectos recogidos en la Constitución como el derecho a una tutela judicial efectiva (24.1 CE). Yo añado un último apunte: el PP se autoproclama siempre como máximo garante de la Constitución pero algún día tendrán que explicar a los ciudadanos la postura que Alianza Popular adoptó en la votación de la Constitución en el Congreso en 1978. De sus 16 diputados, sólo 8 dieron un sí al texto constitucional mientras 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra.

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